EL CONTROL POLITICO
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Ayer en las sesiones de la Asamblea Departamental, los Diputados expusieron sus puntos de vista sobre el escándalo de corrupción en la compra del paquete escolar, que fue publicado por el Espectador el domingo pasado, muchos o mejor la mayoría de los Diputados, salieron a defender la administración de Edilberto Castro; otros hicieron lo de Poncio Pilatos, se lavaron las manos y le pidieron al Presidente de la asamblea, Gonzalo Casiano, continuar con el orden del día, para sacar adelante proyectos de ordenanza importantes.
Pero los que defendían la gestión del Gobernador, culparon al Espectador de la mala imagen que le había reportado al departamento con semejante escándalo y según los Diputados, la mala imagen es para el pueblo del Meta y no para el gobernador.
Y hasta razón tienen, pues según Montesquieu los gobernantes son el fiel reflejo de las costumbres de un pueblo, y se cumple una ecuación simple, que a pueblo corrupto, gobernantes corruptos. Otros miembros de la Asamblea, al mejor estilo de tartufo, argumentaron que no eran ellos los que les correspondía juzgar la conducta del Gobernador y a los funcionarios de la Oficina de Contratación, sino a los órganos de control, argumentos estos sin fundamento que no comparto por varias razones:
La Asamblea Departamental es una corporación administrativa de elección popular, cuyos miembros son elegidos por voto popular, directo y como tal representan los intereses del pueblo; dentro de sus funciones principales está la de ejercer el control político sobre el gobierno y la administración del departamento por ser un órgano deliberante; este control político consiste en hacer citaciones a los funcionarios públicos ya sea a la plenaria o comisión de la Asamblea, para que rindan informes sobre sus funciones o actividades realizadas y determinar su grado de eficiencia, eficacia, moralidad, transparencia en la gestión pública. Si la Asamblea Departamental, encuentra vicios de forma y procedimiento en la actividad pública o la función administrativa, es su deber hacer las recomendaciones pertinentes a través de la figura jurídica llamada moción de observaciones.
Por lo tanto, la Asamblea Departamental, como el Concejo Municipal, son órganos de control político, porque son estas corporaciones administrativas, son las que aprueban el presupuesto y autorizan al Gobernador o Alcalde, para celebrar contratos, a nombre del pueblo, que fue el que los eligió.
20 DE JULIO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
LA VOZ DEL LLANO.
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Ayer en las sesiones de la Asamblea Departamental, los Diputados expusieron sus puntos de vista sobre el escándalo de corrupción en la compra del paquete escolar, que fue publicado por el Espectador el domingo pasado, muchos o mejor la mayoría de los Diputados, salieron a defender la administración de Edilberto Castro; otros hicieron lo de Poncio Pilatos, se lavaron las manos y le pidieron al Presidente de la asamblea, Gonzalo Casiano, continuar con el orden del día, para sacar adelante proyectos de ordenanza importantes.
Pero los que defendían la gestión del Gobernador, culparon al Espectador de la mala imagen que le había reportado al departamento con semejante escándalo y según los Diputados, la mala imagen es para el pueblo del Meta y no para el gobernador.
Y hasta razón tienen, pues según Montesquieu los gobernantes son el fiel reflejo de las costumbres de un pueblo, y se cumple una ecuación simple, que a pueblo corrupto, gobernantes corruptos. Otros miembros de la Asamblea, al mejor estilo de tartufo, argumentaron que no eran ellos los que les correspondía juzgar la conducta del Gobernador y a los funcionarios de la Oficina de Contratación, sino a los órganos de control, argumentos estos sin fundamento que no comparto por varias razones:
La Asamblea Departamental es una corporación administrativa de elección popular, cuyos miembros son elegidos por voto popular, directo y como tal representan los intereses del pueblo; dentro de sus funciones principales está la de ejercer el control político sobre el gobierno y la administración del departamento por ser un órgano deliberante; este control político consiste en hacer citaciones a los funcionarios públicos ya sea a la plenaria o comisión de la Asamblea, para que rindan informes sobre sus funciones o actividades realizadas y determinar su grado de eficiencia, eficacia, moralidad, transparencia en la gestión pública. Si la Asamblea Departamental, encuentra vicios de forma y procedimiento en la actividad pública o la función administrativa, es su deber hacer las recomendaciones pertinentes a través de la figura jurídica llamada moción de observaciones.
Por lo tanto, la Asamblea Departamental, como el Concejo Municipal, son órganos de control político, porque son estas corporaciones administrativas, son las que aprueban el presupuesto y autorizan al Gobernador o Alcalde, para celebrar contratos, a nombre del pueblo, que fue el que los eligió.
20 DE JULIO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
LA VOZ DEL LLANO.

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