DEUDA SOLIDARIA
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Si usted arrienda una casa, local o apartamento y su inquilino se va debiéndole los cánones de arrendamiento y facturas de servicios públicos por menos de tres meses de servicio, usted debe asumir solidariamente el pago de las facturas vencidas que su ingrato inquilino dejo de pagar a las empresas prestadora de servicios públicos, porque así lo ordena la ley 142 de 1994, que establece “la deuda solidaria entre el suscriptor o propietario del inmueble y el usuario o arrendador”.
Pero cuando un inquilino le deja una cuenta por más de tres meses de facturas vencidas, la empresa de servicios públicos respectiva debe asumir la deuda, por no haber efectuado el corte del servicio, tal como lo estipula el artículo 141 de la ley 142/94, que establece “el corte de del servicio por el atraso en el pago de 3 facturas vencidas”, esto quiere decir, que si el inmueble tiene una deuda por 12 facturas vencidas, usted debe pagar únicamente el valor correspondiente a los 3 primeros meses, las restantes 9 facturas las debe asumir como pérdida la empresa de servicios públicos por no haber efectuado el corte del servicio a partir de la tercera factura vencida, es decir, las fallas u omisiones las asume la misma empresa por ser negligente y no dar cumplimiento a lo ordenado por la ley 142/94.
Cuando esto le suceda y le estén cobrando facturas vencidas por más de 3 meses, vaya a la Personería y coloque la respectiva queja por esta irregularidad, ya que usted está obligado por ley, a pagar solamente el valor correspondiente a las tres primeras facturas vencidas; las restantes las asume la respectiva empresa prestadora de servicio.
Defienda sus derechos como usuario y suscriptor de un servicio público domiciliario, no permita que cometan esta clase de abusos o atropellos, pues por mandato legal, los servidores públicos deben actuar conforme al principio de legalidad, según los artículos 84 y 121 de la Constitución Política.
LA VOZ DEL LLANO.
NOTICIERO DEL LLANO
09 SETPTIEMBRE DE 2004.
viernes, 26 de junio de 2009
jueves, 25 de junio de 2009
- DESARROLLO HUMANO
Por: Víctor Julio García Rodríguez
El informe 2004 presentado por el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo humano en Bruselas, arroja unos resultados nefastos para el buen nombre de Colombia a nivel mundial. En el año 2002, Colombia ocupaba el puesto 64 y hoy ascendió al puesto 73, lo supera países como Argentina, México, Chile, Brasil, lo cual evidencia la pobreza absoluta en que viven 8,2 % de los Colombianos; el reparto de la riqueza es desigual, así por ejemplo, para el año 1999 el 20% de la población disfrutaba escasamente el 2.7 % de los ingresos, mientras un 20% de los ricos disfrutaron el 68% de los ingresos per cápita del país.
¿Pero cuáles son las causas del bajo desarrollo humano en Colombia?
· Los bajos ingresos per cápita de los habitantes.
· La pobreza
· Mala calidad de la educación.
· Los desplazados que en la actualidad son más de 2 millones de personas y el cual evidencia un incremento del 183 % con respecto al año 1999.
El mismo informe de las Naciones Unidas, indica que por lo menos el 54% de los habitantes de Colombia han sufrido algún delito fue la inseguridad reiterante.
El desarrollo humano, es una vida digna y saludable, conocimientos académicos y un nivel de crecimiento y desarrollo económico, lo cual significa esperanza de vida al nacer, el logro educacional y unos buenos ingresos per cápita.
Noruega es el país con el mejor desarrollo humano y el peor es Sierra Leona, en América Latina, es Argentina.
Mientras en Colombia no haya inversión social como lo estipula la Constitución Nacional, seguiremos con un pésimo desarrollo humano, y eso que somos un Estado Social de Derecho.
28 DE JULIO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
VOZ DEL LLANO.
(Primer comentario en el Noticiero del Llano)
CONTROL POLITICO
EL CONTROL POLITICO
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Ayer en las sesiones de la Asamblea Departamental, los Diputados expusieron sus puntos de vista sobre el escándalo de corrupción en la compra del paquete escolar, que fue publicado por el Espectador el domingo pasado, muchos o mejor la mayoría de los Diputados, salieron a defender la administración de Edilberto Castro; otros hicieron lo de Poncio Pilatos, se lavaron las manos y le pidieron al Presidente de la asamblea, Gonzalo Casiano, continuar con el orden del día, para sacar adelante proyectos de ordenanza importantes.
Pero los que defendían la gestión del Gobernador, culparon al Espectador de la mala imagen que le había reportado al departamento con semejante escándalo y según los Diputados, la mala imagen es para el pueblo del Meta y no para el gobernador.
Y hasta razón tienen, pues según Montesquieu los gobernantes son el fiel reflejo de las costumbres de un pueblo, y se cumple una ecuación simple, que a pueblo corrupto, gobernantes corruptos. Otros miembros de la Asamblea, al mejor estilo de tartufo, argumentaron que no eran ellos los que les correspondía juzgar la conducta del Gobernador y a los funcionarios de la Oficina de Contratación, sino a los órganos de control, argumentos estos sin fundamento que no comparto por varias razones:
La Asamblea Departamental es una corporación administrativa de elección popular, cuyos miembros son elegidos por voto popular, directo y como tal representan los intereses del pueblo; dentro de sus funciones principales está la de ejercer el control político sobre el gobierno y la administración del departamento por ser un órgano deliberante; este control político consiste en hacer citaciones a los funcionarios públicos ya sea a la plenaria o comisión de la Asamblea, para que rindan informes sobre sus funciones o actividades realizadas y determinar su grado de eficiencia, eficacia, moralidad, transparencia en la gestión pública. Si la Asamblea Departamental, encuentra vicios de forma y procedimiento en la actividad pública o la función administrativa, es su deber hacer las recomendaciones pertinentes a través de la figura jurídica llamada moción de observaciones.
Por lo tanto, la Asamblea Departamental, como el Concejo Municipal, son órganos de control político, porque son estas corporaciones administrativas, son las que aprueban el presupuesto y autorizan al Gobernador o Alcalde, para celebrar contratos, a nombre del pueblo, que fue el que los eligió.
20 DE JULIO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
LA VOZ DEL LLANO.
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Ayer en las sesiones de la Asamblea Departamental, los Diputados expusieron sus puntos de vista sobre el escándalo de corrupción en la compra del paquete escolar, que fue publicado por el Espectador el domingo pasado, muchos o mejor la mayoría de los Diputados, salieron a defender la administración de Edilberto Castro; otros hicieron lo de Poncio Pilatos, se lavaron las manos y le pidieron al Presidente de la asamblea, Gonzalo Casiano, continuar con el orden del día, para sacar adelante proyectos de ordenanza importantes.
Pero los que defendían la gestión del Gobernador, culparon al Espectador de la mala imagen que le había reportado al departamento con semejante escándalo y según los Diputados, la mala imagen es para el pueblo del Meta y no para el gobernador.
Y hasta razón tienen, pues según Montesquieu los gobernantes son el fiel reflejo de las costumbres de un pueblo, y se cumple una ecuación simple, que a pueblo corrupto, gobernantes corruptos. Otros miembros de la Asamblea, al mejor estilo de tartufo, argumentaron que no eran ellos los que les correspondía juzgar la conducta del Gobernador y a los funcionarios de la Oficina de Contratación, sino a los órganos de control, argumentos estos sin fundamento que no comparto por varias razones:
La Asamblea Departamental es una corporación administrativa de elección popular, cuyos miembros son elegidos por voto popular, directo y como tal representan los intereses del pueblo; dentro de sus funciones principales está la de ejercer el control político sobre el gobierno y la administración del departamento por ser un órgano deliberante; este control político consiste en hacer citaciones a los funcionarios públicos ya sea a la plenaria o comisión de la Asamblea, para que rindan informes sobre sus funciones o actividades realizadas y determinar su grado de eficiencia, eficacia, moralidad, transparencia en la gestión pública. Si la Asamblea Departamental, encuentra vicios de forma y procedimiento en la actividad pública o la función administrativa, es su deber hacer las recomendaciones pertinentes a través de la figura jurídica llamada moción de observaciones.
Por lo tanto, la Asamblea Departamental, como el Concejo Municipal, son órganos de control político, porque son estas corporaciones administrativas, son las que aprueban el presupuesto y autorizan al Gobernador o Alcalde, para celebrar contratos, a nombre del pueblo, que fue el que los eligió.
20 DE JULIO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
LA VOZ DEL LLANO.
CITACIONES A LAS PERSONAS ANTE CORPORACIONES PÚBLICAS
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Hace algunas semanas el Concejo de Villavicencio, cito a los cuatro Congresistas del Meta a la plenaria del concejo, para que respondieran un cuestionario sobre temas propios de la actividad legislativa. Solo asistió Germán Velásquez Suarez, atendiendo los requerimientos del concejo municipal; la pregunta es ¿es válida estas citaciones a servidores públicos que ostentan altos cargos y a miembros de otras corporaciones públicas?
El Congreso, la Asamblea y el Concejo municipal, ejercen el control político en sus respectivas jurisdicciones, pero este control, se ejerce a través de dos maneras:
1. Citaciones a los funcionaros públicos, para que rindan informaciones relacionadas con sus cargos, ante la sesión plenaria de la respectiva corporación y que debe hacer por escrito, a través de cuestionario y con cinco días de antelación.
2. Citar a cualquier persona a una Comisión del Congreso, Asamblea, Concejo para que rinda declaraciones orales, escritas, sobre hechos relacionados con temas que la respectiva comisión investigue.
Se observa que una cosa es citar a la sesión plenaria del Concejo, Asamblea o Congreso a un funcionario público de su respectiva jurisdicción y otra a cualquier persona una comisión de estas corporaciones públicas de elección popular, ya que una cosa es ser funcionario público y otra miembro de corporación pública.
Por lo tanto, es justificable la ausencia de los restantes congresistas, porque el Concejo aunque tiene esta atribución no podía citar a la plenaria del Concejo a estos Congresistas, sino a una Comisión respectiva para que rindieran informaciones orales o escritas sobre un tema de interés general, porque una cosa es la sesión plenaria y otra es la sesión de una comisión.
Sin embargo, como los Congresistas, Diputados y Concejales, representan al pueblo en sus intereses, deberán responder políticamente ante la sociedad y sus electores por el cumplimiento de sus obligaciones propias de su investidura.
En este caso era procedente la citación a los congresistas, porque el Concejo municipal ejerce control político sobre la administración y representa los intereses del pueblo Villavicense.
Todo es cuestión de saber interpretar las leyes.
3 DE AGOSTO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Hace algunas semanas el Concejo de Villavicencio, cito a los cuatro Congresistas del Meta a la plenaria del concejo, para que respondieran un cuestionario sobre temas propios de la actividad legislativa. Solo asistió Germán Velásquez Suarez, atendiendo los requerimientos del concejo municipal; la pregunta es ¿es válida estas citaciones a servidores públicos que ostentan altos cargos y a miembros de otras corporaciones públicas?
El Congreso, la Asamblea y el Concejo municipal, ejercen el control político en sus respectivas jurisdicciones, pero este control, se ejerce a través de dos maneras:
1. Citaciones a los funcionaros públicos, para que rindan informaciones relacionadas con sus cargos, ante la sesión plenaria de la respectiva corporación y que debe hacer por escrito, a través de cuestionario y con cinco días de antelación.
2. Citar a cualquier persona a una Comisión del Congreso, Asamblea, Concejo para que rinda declaraciones orales, escritas, sobre hechos relacionados con temas que la respectiva comisión investigue.
Se observa que una cosa es citar a la sesión plenaria del Concejo, Asamblea o Congreso a un funcionario público de su respectiva jurisdicción y otra a cualquier persona una comisión de estas corporaciones públicas de elección popular, ya que una cosa es ser funcionario público y otra miembro de corporación pública.
Por lo tanto, es justificable la ausencia de los restantes congresistas, porque el Concejo aunque tiene esta atribución no podía citar a la plenaria del Concejo a estos Congresistas, sino a una Comisión respectiva para que rindieran informaciones orales o escritas sobre un tema de interés general, porque una cosa es la sesión plenaria y otra es la sesión de una comisión.
Sin embargo, como los Congresistas, Diputados y Concejales, representan al pueblo en sus intereses, deberán responder políticamente ante la sociedad y sus electores por el cumplimiento de sus obligaciones propias de su investidura.
En este caso era procedente la citación a los congresistas, porque el Concejo municipal ejerce control político sobre la administración y representa los intereses del pueblo Villavicense.
Todo es cuestión de saber interpretar las leyes.
3 DE AGOSTO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
ACCESO A LOS DOCUMENTOS PUBLICOS.
ACCESO A LOS DOCUMENTOS PUBLICOS
Por: Víctor Julio García Rodríguez
El comentario de hoy está dirigido a los líderes comunitarios y a las personas en general, que se preocupan por el bienestar de sus comunidades mediante el mecanismo jurídico llamado Derecho de Petición, invocando el Articulo 23 de la Constitución Política de Colombia.
Los líderes comunitarios o cualquier personas pueden acceder directamente sin necesidad de apoderado, a todos los documentos públicos y a que se le expidan copias de los contratos, del presupuesto, plan de desarrollo, copias de actas, hoja de vida de los empleados públicos y en general, todos los documentos que no tienen el carácter reservado o relacionados con la seguridad y el orden público.
Así por ejemplo, si se va a realizar una obra en su Barrio, Vereda o Municipio, el presidente de la Junta de Acción comunal o cualquier persona, puede solicitar a la Gobernación o Alcaldía según sea el caso, copia de los planos o estudio técnico de la obra a ejecutarse, copia del contrato y de las pólizas de garantía en general, con el objeto de ejercer el control social al contrato que se va a realizar en su comunidad. De esta manera las personas en general podrán saber aspectos del contrato como por ejemplo, en cuanto tiempo se va a realizar la obra, cuales son las especificaciones técnicas, es decir, medidas, cantidades de obras, dimensiones, calibre de la varilla o hierro a utilizar, si son tejas de eternit o de zinc, si las puertas son de hierro o madera y cosas por el estilo.
Teniendo conocimiento de la obra que se va a construir en su comunidad, fácilmente se puede detectar cualquier irregularidad y poner en conocimiento al Gobernador o Alcalde sobre hechos que atenten contra los intereses del pueblo.
Pero estas denuncias no las haga verbalmente sino por escrito, con copia a la Procuraduría, Contraloría y Presidencia de la República, para que los intereses de la comunidad, no se vean afectados por algunos contratistas deshonestos que en la mayoría de los casos, no construyen las obras como está estipulado en el contrato, sino que las cambian o la recortan, para ganarse unos pesos más.
En esto consiste la participación comunitaria, en defender nuestros intereses, porque una obra mal construida es un robo o saqueo que nos hacen a nuestro bolsillo, a través de contratos chimbos.
Recuerde, obras son amores y no buenas razones.
5 DE AGOSTO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
LA VOZ DEL LLANO
Por: Víctor Julio García Rodríguez
El comentario de hoy está dirigido a los líderes comunitarios y a las personas en general, que se preocupan por el bienestar de sus comunidades mediante el mecanismo jurídico llamado Derecho de Petición, invocando el Articulo 23 de la Constitución Política de Colombia.
Los líderes comunitarios o cualquier personas pueden acceder directamente sin necesidad de apoderado, a todos los documentos públicos y a que se le expidan copias de los contratos, del presupuesto, plan de desarrollo, copias de actas, hoja de vida de los empleados públicos y en general, todos los documentos que no tienen el carácter reservado o relacionados con la seguridad y el orden público.
Así por ejemplo, si se va a realizar una obra en su Barrio, Vereda o Municipio, el presidente de la Junta de Acción comunal o cualquier persona, puede solicitar a la Gobernación o Alcaldía según sea el caso, copia de los planos o estudio técnico de la obra a ejecutarse, copia del contrato y de las pólizas de garantía en general, con el objeto de ejercer el control social al contrato que se va a realizar en su comunidad. De esta manera las personas en general podrán saber aspectos del contrato como por ejemplo, en cuanto tiempo se va a realizar la obra, cuales son las especificaciones técnicas, es decir, medidas, cantidades de obras, dimensiones, calibre de la varilla o hierro a utilizar, si son tejas de eternit o de zinc, si las puertas son de hierro o madera y cosas por el estilo.
Teniendo conocimiento de la obra que se va a construir en su comunidad, fácilmente se puede detectar cualquier irregularidad y poner en conocimiento al Gobernador o Alcalde sobre hechos que atenten contra los intereses del pueblo.
Pero estas denuncias no las haga verbalmente sino por escrito, con copia a la Procuraduría, Contraloría y Presidencia de la República, para que los intereses de la comunidad, no se vean afectados por algunos contratistas deshonestos que en la mayoría de los casos, no construyen las obras como está estipulado en el contrato, sino que las cambian o la recortan, para ganarse unos pesos más.
En esto consiste la participación comunitaria, en defender nuestros intereses, porque una obra mal construida es un robo o saqueo que nos hacen a nuestro bolsillo, a través de contratos chimbos.
Recuerde, obras son amores y no buenas razones.
5 DE AGOSTO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
LA VOZ DEL LLANO
DIA DEL INDIGENA
DIA DEL INDIGENA
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Ayer se celebró el día del indígena, nuestros ancestros, que después de la conquista sufrieron toda clase de vejámenes y humillaciones que por parte de los conquistadores y que hoy por hoy, siguen en la misma condición, pero con diferentes actores indefensos ante los rigores del enfrentamiento entre los grupos al margen de la ley, lo cual los coloca entre dos fuegos, originando el desplazamiento y la consecuente pérdida de identidad cultural, valores, considerando como patrimonio de la humanidad.
A pesar que el artículo 13 de la Constitución Política, establece que es deber del Estado proteger y brindar las garantías necesarias a todas las personas que se encuentren en debilidad manifiesta, de acuerdo a los principios del Estado Social de Derecho.
Muchos de nuestros indígenas, duermen en los andenes de Villavicencio pidiendo limosna para poder subsistir, sufriendo en carne propia la indiferencia del Gobierno Departamental y Municipal para atender sus necesidades básicas insatisfechas.
Es muy triste presenciar a las madres indígenas amamantando a bebes de es casos meses de nacido y los mayorcitos durmiendo en el piso; otros padecen enfermedades mentales; muchos provienen del Meta, Guaviare, Cauca y hasta del Choco.
Ni la Red de Solidaridad, el Departamento del Meta, ni el Municipio de Villavicencio, se han comprometido a solucionar el problema de la mendicidad por parte de los aborígenes, que se vieron forzados a dejar sus resguardos indígenas por la presión de los grupos al margen de la ley, destruyéndose de esta manera el patrimonio étnico-cultural, de nuestra nación.
Sin embargo, la Ley 715 o la Ley del Sistema General de Participaciones, transfiere a los entes territoriales recursos financieros para atender a los grupos vulnerables, y a las comunidades indígenas, en aspectos de seguridad social, educación, servicios públicos y otras garantías para brindarles una vida digna, y el respeto por su cultura, a los primeros habitantes nativos de América.
¿Qué camino cogerá el dinero que llega a los entes territoriales con destino a los indígenas?
10 DE AGOSTO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Ayer se celebró el día del indígena, nuestros ancestros, que después de la conquista sufrieron toda clase de vejámenes y humillaciones que por parte de los conquistadores y que hoy por hoy, siguen en la misma condición, pero con diferentes actores indefensos ante los rigores del enfrentamiento entre los grupos al margen de la ley, lo cual los coloca entre dos fuegos, originando el desplazamiento y la consecuente pérdida de identidad cultural, valores, considerando como patrimonio de la humanidad.
A pesar que el artículo 13 de la Constitución Política, establece que es deber del Estado proteger y brindar las garantías necesarias a todas las personas que se encuentren en debilidad manifiesta, de acuerdo a los principios del Estado Social de Derecho.
Muchos de nuestros indígenas, duermen en los andenes de Villavicencio pidiendo limosna para poder subsistir, sufriendo en carne propia la indiferencia del Gobierno Departamental y Municipal para atender sus necesidades básicas insatisfechas.
Es muy triste presenciar a las madres indígenas amamantando a bebes de es casos meses de nacido y los mayorcitos durmiendo en el piso; otros padecen enfermedades mentales; muchos provienen del Meta, Guaviare, Cauca y hasta del Choco.
Ni la Red de Solidaridad, el Departamento del Meta, ni el Municipio de Villavicencio, se han comprometido a solucionar el problema de la mendicidad por parte de los aborígenes, que se vieron forzados a dejar sus resguardos indígenas por la presión de los grupos al margen de la ley, destruyéndose de esta manera el patrimonio étnico-cultural, de nuestra nación.
Sin embargo, la Ley 715 o la Ley del Sistema General de Participaciones, transfiere a los entes territoriales recursos financieros para atender a los grupos vulnerables, y a las comunidades indígenas, en aspectos de seguridad social, educación, servicios públicos y otras garantías para brindarles una vida digna, y el respeto por su cultura, a los primeros habitantes nativos de América.
¿Qué camino cogerá el dinero que llega a los entes territoriales con destino a los indígenas?
10 DE AGOSTO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
ESPACIO PUBLICO.
ESPACIO PÚBLICO
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Esta en circulación el periódico La Voz de la Experiencia de la Asociación de Profesores Pensionados del Meta, que preside el Licenciado Jaime Otero; contiene temas de reflexión y de interés general, para todos los estudiantes.
De otra parte, es bien recibida por la ciudadanía de Villavicencio, la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad, sin embargo sería bueno que la administración municipal, también hiciera una recuperación del espacio público en los barrios más populosos de Villavicencio, donde se estacionan vehículos en los andenes y prácticamente los han convertidos en plenos garajes, por ejemplo, en el antiguo Molino San Marcos, funciona una iglesia cristiana, allí llegan los feligreses en carros, motos y bicicletas y han convertido el andén en verdaderos parqueaderos con vigilante incluido, viéndose obligados los peatones a utilizar la calzada vehicular, es decir, los vehículos utilizan los andenes y los peatones las calles.
Casos como estos, se observan en barrios como el Porvenir, San Benito, Barzal, 7 de Agosto y otros sectores de la ciudad, pero cuando no son vehículos estacionados sobre los andenes, son sitios de trabajo para pintar muebles, carros, para depositar materiales de construcción o simplemente para adelantar labores de mecánica.
Ojala, que la Secretaría de Tránsito Municipal, la Policía Nacional y la Secretaria de Control al Espacio Público, hicieran un operativo para recoger mercancías exhibidas en el espacio público y los carros estacionados en los andenes y de esta manera sensibilizar a los infractores, que los andenes son para los peatones y no para convertirlos en parqueaderos.
La periferia de la ciudad también debe ser objeto de recuperación del espacio público.
12 DE AGOSTO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Esta en circulación el periódico La Voz de la Experiencia de la Asociación de Profesores Pensionados del Meta, que preside el Licenciado Jaime Otero; contiene temas de reflexión y de interés general, para todos los estudiantes.
De otra parte, es bien recibida por la ciudadanía de Villavicencio, la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad, sin embargo sería bueno que la administración municipal, también hiciera una recuperación del espacio público en los barrios más populosos de Villavicencio, donde se estacionan vehículos en los andenes y prácticamente los han convertidos en plenos garajes, por ejemplo, en el antiguo Molino San Marcos, funciona una iglesia cristiana, allí llegan los feligreses en carros, motos y bicicletas y han convertido el andén en verdaderos parqueaderos con vigilante incluido, viéndose obligados los peatones a utilizar la calzada vehicular, es decir, los vehículos utilizan los andenes y los peatones las calles.
Casos como estos, se observan en barrios como el Porvenir, San Benito, Barzal, 7 de Agosto y otros sectores de la ciudad, pero cuando no son vehículos estacionados sobre los andenes, son sitios de trabajo para pintar muebles, carros, para depositar materiales de construcción o simplemente para adelantar labores de mecánica.
Ojala, que la Secretaría de Tránsito Municipal, la Policía Nacional y la Secretaria de Control al Espacio Público, hicieran un operativo para recoger mercancías exhibidas en el espacio público y los carros estacionados en los andenes y de esta manera sensibilizar a los infractores, que los andenes son para los peatones y no para convertirlos en parqueaderos.
La periferia de la ciudad también debe ser objeto de recuperación del espacio público.
12 DE AGOSTO DE 2004
NOTICIERO DEL LLANO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
